A poco de cumplirse tres meses de la gestión de Javier Milei en la presidencia, desde MuMaLa se pronunciaron por las reiteradas medidas que afectan y perjudican a los sectores más vulnerables de la sociedad: mujeres y disidencias. “El próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, se cumplirán 90 días de gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Demostraron en poquísimo tiempo que su odio no era a la “casta de la política” sino a los sectores populares, trabajadoras/es, jubiladas/es/os, estudiantas/es, integrantes del campo de la ciencia, de la cultura, y en particular a las mujeres y diversidades sexuales”, iniciaron en el comunicado.
“Las medidas anti derechos, retrógradas y antipueblo de este gobierno son una capa que se asienta en un oscuro programa económico que ajusta, recorta y achica un Estado que ya tenía fuertes deudas con el pueblo, las mujeres y LGBTTIQ+”, continúa. Entre las decisiones tomadas por el Estado, destacan la eliminación del Ministerio responsable de la aplicación y monitoreo de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, de la Ley de Identidad de Género, Ley Brisa, Ley Micaela, otras.
La paralización de programas de asistencia y el congelamiento de los montos de programas sociales, la negación de alimentos a comedores y merenderos comunitarios, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI) y la del uso de lenguaje inclusivo en la administración pública, se alentó a invisibilizar a mujeres y disidencias sexuales y a la particularidad de género para el diseño e implementación de las políticas públicas.
También la amenaza de la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de la Ley de Educación Sexual Integral y de la Ley de Paridad.
Ante estas medidas, en el escrito expresaron: “en estos casi 100 días de gobierno, empeoraron los indicadores económicos incrementándose la pobreza, la indigencia, la desocupación, pero sobre todo se vio afectada nuestra vida cotidiana, en las tareas de cuidado y en la gestión de los hogares a nuestro cargo”.
De esta manera, describieron la situación de cada una de las provincias y señalaron que “en Corrientes, una de las provincias más pobres de la región y el país, las políticas de ajuste sobre las clases medias y bajas golpea fuertemente a mujeres y disidencias. Existe una gran desprotección, un gran desamparo, la eliminación del Ministerio de la Mujer y del INADI dejan sin opciones para recurrir en casos de violencia de género. En el día a día, el brutal ajuste económico y el corte en el envío de mercaderías a los comedores populares deja sin alimentos a las mujeres y sus familias”.
“Es decisión del gobierno destruir todo espacio colectivo que interpele las injusticias, las desigualdades y las violencias que tienen como víctima a la comunidad en su conjunto, pero en particular a mujeres y disidencias sexuales”, concluyeron.
